El Salvador tiene una ley específica para emitir activos digitales, separada de la del mercado de valores: la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD, Decreto Legislativo 643, en vigor desde febrero de 2023), con un supervisor dedicado, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). A octubre de 2026, el registro público de la CNAD recoge 87 proveedores de servicios de activos digitales, 46 emisores y emisiones reales de deuda, leasing, inmobiliario y letras del Tesoro tokenizadas. Esta guía resume cómo funciona, cuánto cuesta y cuándo tiene sentido para un emisor extranjero.
La LEAD en cinco ideas
- Los activos digitales no son valores. El artículo 3 lo dice expresamente: no les aplican la Ley del Mercado de Valores ni el régimen de títulos valores. Es un régimen propio, separado del mercado de valores tradicional.
- Tres tipos de oferta pública: de deuda, de propiedad y de ingresos (art. 5).
- Alcance extraterritorial: es emisor quien está domiciliado en el país, quien usa una plataforma salvadoreña o quien dirige la oferta a adquirentes salvadoreños (art. 5.j). Un emisor extranjero puede emitir bajo la LEAD a través de una plataforma registrada.
- Supervisor dedicado: la CNAD habilita las ofertas, lleva los registros de emisores, certificadores y proveedores, supervisa y sanciona.
- Exención fiscal amplia (art. 36): rendimientos y ganancias de capital exentos, y emisores, certificadores y proveedores registrados exentos de IVA, renta y tributos municipales en su actividad con activos digitales. La exención es de tributos salvadoreños: cada inversor tributa según su residencia.
Quién es quién: emisor, PSAD, certificador y estructurador
El emisor promueve la oferta y entra en el registro con su primera habilitación; aporta estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios (o los que tenga), escritura, titular real desde el 10 % y administradores. El proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) — exchange, plataforma de colocación, custodia o estructuración — necesita registro previo y, si es extranjero, una sociedad o sucursal domiciliada en El Salvador, con prevención de lavado, KYC de todos los adquirentes, plan de liquidación ordenada y auditoría externa de ciberseguridad. El certificador, una persona jurídica independiente con al menos cinco años de experiencia, revisa el documento de información y emite su informe para la CNAD. Y la CNAD exige hoy un estructurador registrado tanto en las emisiones públicas como en las privadas.
Cómo se emite: oferta pública u oferta privada
Oferta pública. Se prepara el Documento de Información Relevante — el equivalente al folleto o al whitepaper —, en español, y también en inglés si la emisión supera un millón de dólares: estados financieros, términos, importe mínimo y máximo (con reembolso si no se alcanza el mínimo), contratos inteligentes y uso de los fondos. El certificador lo revisa y la CNAD resuelve en cinco días hábiles desde que el expediente está completo. Si el subyacente es un inmueble, la estructura pasa por una sociedad propietaria del activo y un fideicomiso con un banco.
Oferta privada. Hasta 50 inversionistas calificados — con al menos 500.000 dólares en activos invertibles —, sin publicidad. Se notifica a la CNAD con la lista de potenciales inversores y, si no objeta en 20 días hábiles, se entiende autorizada. Los tokens solo pueden circular entre inversionistas calificados.
Plazos reales. El presidente de la CNAD declaró en septiembre de 2026 que una emisión puede tomar entre dos y seis meses y que la Comisión rechaza cerca del 80 % de las solicitudes (Infobae). Rápido frente a un folleto tradicional, pero no automático.
Cuánto cuesta
La tasa de habilitación de una oferta pública es del 0,01 % del importe más 50 dólares por certificación (art. 12). El registro de un PSAD o de un certificador cuesta 15 salarios mínimos y su renovación anual, 10. Los honorarios de estructurador, certificador, plataforma y abogados no son públicos; la industria habla de un coste total de entre el 2 % y el 4 % del capital captado.
Lo que ya se ha emitido
- e-Grains ($ESOY), 2024: hasta 100 millones de dólares, la primera oferta pública aprobada por la CNAD.
- NexBridge (USTBL): letras del Tesoro de EE. UU. tokenizadas; cerró con 30 millones de dólares en diciembre de 2024 a través de Bitfinex Securities.
- Leasing Atlántida (ALDT001), 2025: deuda de leasing de hasta 20 millones de dólares, con tickets de 1.000.
- Banco Industrial El Salvador (TKNBIES1), 2026: primer programa de deuda bancaria tokenizada, de 50 millones de dólares, con tickets desde 100.
- Proyectos inmobiliarios y empresariales de entre 2 y 5 millones de dólares (Jaguey 128, IKN1, Cadejo Brewing) colocados por plataformas locales. La CNAD cifra en más de 260 millones de dólares los proyectos inmobiliarios tokenizados aprobados.
El registro es público en la web de la CNAD. Un matiz al leerlo: de 256 identificadores de emisión, unos 146 son réplicas tokenizadas de acciones estadounidenses, así que los proyectos de economía real son bastantes menos.
El contexto: FMI y Ley Bitcoin
La reforma de la Ley Bitcoin de enero de 2025 (Decreto 199), pactada con el FMI, hizo voluntaria la aceptación del bitcoin, pero no modificó la LEAD: las emisiones privadas siguen registrándose con normalidad. El programa con el FMI sí limita el uso soberano: el Gobierno se comprometió a no emitir ni garantizar «ningún tipo de deuda o instrumentos tokenizados indexados al bitcoin o denominados en bitcoin que impliquen un pasivo para el Gobierno» (memorando de políticas del programa, informe de país del FMI 25/58; traducción propia). También se comprometió a presentar a la Asamblea Legislativa una ley que refuerce la regulación y la supervisión de los emisores y proveedores cripto. Ese plazo, el 15 de diciembre de 2025, no se cumplió: en la revisión aprobada el 1 de octubre de 2026 el nuevo plazo pasó a ser finales de abril de 2027, y la vía será una reforma de la propia LEAD, que además replanteará la supervisión dual actual (el bitcoin, con el BCR y la SSF; el resto de activos digitales, con la CNAD). Es el punto que más puede mover las reglas a corto plazo.
Si lo que buscas es el lado del inversor —si es legal comprar criptomonedas, cómo tributan y dónde denunciar una estafa—, lo explica la guía de criptomonedas en El Salvador de The Token Times, el medio que editamos.
Cuándo tiene sentido para un emisor extranjero
Encaja si buscas un marco específico para activos digitales con plazos legales cortos (20 días hábiles para la no objeción de la CNAD, aunque en la práctica una emisión lleva de dos a seis meses), si hay activo o negocio en Centroamérica, o si planteas una colocación privada entre inversionistas calificados. El límite: la habilitación de la CNAD solo vale en El Salvador. Ofrecer esos tokens en Europa sigue sometido a MiFID II o a MiCA, según el token sea o no un instrumento financiero, y a la normativa de cada país latinoamericano de destino. El riesgo reputacional y bancario existe y conviene medirlo antes. Ese análisis de jurisdicción es el primer paso de cualquier proyecto de tokenización que hacemos; el mapa regional completo está en tokenización en Latinoamérica.
Marco a 2 de octubre de 2026, verificado en fuentes oficiales; los regímenes cambian — confirma el estado vigente antes de estructurar. ¿Emisión bajo la LEAD? Hablemos.
Fuentes y normativa citada
- web de la CNAD · cnad.gob.sv