Uruguay es el país del cono sur que legisló los activos virtuales de forma ordenada: la Ley 20.345 puso a los proveedores bajo el Banco Central, y reformó la Ley 18.627 de Mercado de Valores para admitir los valores escriturales de registro descentralizado, emitidos, transferidos y negociados mediante tecnologías de registro distribuido. Con estabilidad institucional, una industria fiduciaria madura y vocación de hub financiero, es una jurisdicción previsible para estructurar.
El marco: Ley 20.345, BCU y SSF
La Ley 20.345 incorporó los activos virtuales al perímetro del Banco Central del Uruguay: los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) pasaron a ser entidades del sistema financiero supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), salvo los que solo prestaban servicios de compraventa, sujetos únicamente a control antilavado. La Ley 20.446 (artículo 693, vigente desde el 1 de enero de 2026) eliminó esa distinción, y la Circular 2507 del BCU, de 16 de julio de 2026, exige a todos los PSAV autorización previa de la SSF, con obligaciones de prevención de lavado y protección del usuario. Estado a 1 de noviembre de 2026: la autorización se puede pedir desde el 1 de septiembre de 2026; las plataformas que ya operaban tienen hasta el 31 de marzo de 2027 para solicitarla y pueden seguir en actividad mientras se tramita, y en la lista de PSAV del BCU no figura todavía ninguno. Los activos virtuales que son valores — el caso de casi toda tokenización de inversión — se rigen por la Ley 18.627 de Mercado de Valores y la misma SSF: registro del emisor, información al inversor y, si hay oferta pública, sus requisitos.
El vehículo: el fideicomiso uruguayo
La Ley 17.703 de fideicomiso regula, entre otros, los fideicomisos financieros que emiten valores respaldados por el patrimonio fideicometido, con fiduciarios profesionales registrados ante el BCU. Es la variante uruguaya del fideicomiso latinoamericano y el vehículo natural para representar en tokens los certificados de participación o títulos de deuda del fideicomiso.
Qué se está tokenizando
Inmobiliario (Montevideo y Punta del Este atraen capital regional), agro y ganadería — Uruguay exporta trazabilidad ganadera y la tokenización de rentas agropecuarias encaja de forma natural — y deuda de empresas medianas. La lectura para un emisor: el país ofrece marco, fiduciario e inversor institucional local; lo que exige es hacerlo con estándar de oferta de valores desde el primer día.
Si el proyecto es inmobiliario y quieres captar de muchos inversores, el país tiene además un régimen de crowdfunding con sus propios límites: lo comparamos en crowdfunding inmobiliario en Latinoamérica.
Cómo trabajamos con emisores del país
La anatomía no cambia de país en país: clasificación del activo, vehículo con patrimonio separado, token con restricciones de transferencia, identidad verificada en cada transmisión y custodia seria — la plataforma de siete capas que construimos, con la capa legal local encima y un asesor jurídico del país al lado. El mapa completo de la región, en tokenización en Latinoamérica. Si lo que buscas es el marco de las criptomonedas en general, no solo la tokenización, está en la guía de Uruguay de The Token Times, medio del mismo grupo.
Marco descrito a mediados de 2026 y revisado a 1 de noviembre de 2026 en lo relativo a la autorización de los PSAV; los regímenes cambian — verifica el estado vigente antes de estructurar. ¿Proyecto en Uruguay? Hablemos.
Fuentes y normativa citada
- Ley 20.446 · impo.com.uy
- Circular 2507 · bcu.gub.uy
- lista de PSAV del BCU · bcu.gub.uy