ERIR (Entidad de Registro e Identificación Registral)

Una ERIR es como una oficina digital que guarda y revisa documentos importantes para que sean oficiales y válidos. Se encarga de comprobar identidades y asegurar que la información registrada sea auténtica. Es como el “notario digital” que da validez a los datos cuando usas plataformas tecnológicas seguras.

‍

Una ERIR (Entidad de Registro e Identificación Registral) es una figura jurídica reconocida dentro del marco regulatorio español y europeo que actúa como responsable del registro, verificación, custodia e identificación electrónica de personas, entidades y actos jurídicos en sistemas digitales. Estas entidades tienen como función principal garantizar la autenticidad, integridad y validez legal de la información registrada electrónicamente, sirviendo como nodo confiable y auditado en procesos donde se requiere fe pública, trazabilidad y conformidad normativa.

Las ERIR son fundamentales en entornos como la tokenización de activos financieros, inmobiliarios o empresariales, ya que permiten registrar datos estructurados (como titularidades, participaciones, derechos u obligaciones) bajo estándares de seguridad técnica y cumplimiento legal. Su intervención proporciona valor probatorio, previene fraudes y garantiza que la identidad de los intervinientes haya sido validada conforme a KYC/KYB y legislación en vigor.

En el ecosistema blockchain, una ERIR puede integrarse como fuente de confianza que certifica la identidad y el contenido que se representa mediante un token, garantizando que la estructura jurídica subyacente cumple con la normativa aplicable (por ejemplo, en el caso de un Security Token o de una representación digital de una acción o bono). También puede actuar como responsable del sistema registral de contratos inteligentes validados bajo entornos regulatorios como la Ley del Mercado de Valores o MiCA.

Además, las ERIR están sujetas a requisitos de supervisión, transparencia y auditoría externa, y deben operar conforme a estándares técnicos definidos por la autoridad competente (como la CNMV, SEPBLAC o entidades equivalentes en el entorno MiFID II). Su función es clave en la convergencia entre seguridad jurídica, identidad digital y tecnología blockchain.

‍